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Boletín: DCS/134/20/ Publicado por: Dirección de Comunicación Social / Ciudad de México 08 de agosto de 2020    
   
  • Comisionadas y Comisionados del INFO aprobaron, por mayoría de votos, el quinto Acuerdo relativo a la ampliación de suspensión de plazos y términos en el que se precisa que las actividades presenciales del Instituto se reanudarán con la gradualidad que se requiera conforme a la situación de salud y al Plan que para tal efecto emita este órgano garante.
  • Destacaron que la ampliación de plazos no significa que los derechos de acceso a la información pública y de protección de datos personales se encuentren suspendidos.


Durante la novena sesión extraordinaria del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (INFO CDMX), el Pleno aprobó, por mayoría de votos, el quinto Acuerdo para ampliar la suspensión de plazos y términos hasta el viernes 2 de octubre, con la finalidad de evitar la concentración de personas y, con ello, la propagación del virus del COVID-19.



En la sesión, que se realizó de manera remota, las Comisionadas y los Comisionados Ciudadanos aprobaron por mayoría de votos -3 votos a favor y 2 en contra- que las actividades presenciales del Instituto se reanuden con la gradualidad que se requiera conforme a la situación de salud y al plan que para tal efecto emita este órgano garante.



El Acuerdo también establece que se reanudará el servicio de la Oficina de Atención Ciudadana del Instituto, para la población en general y los sujetos obligados de la Ciudad de México, privilegiando la asistencia virtual o remota mediante la programación de citas, así como la entrega de la documentación por correo electrónico.



Asimismo, en caso de que las autoridades federales y/o locales competentes determinen medidas de restricción mayores como la suspensión de labores en general, el Instituto podrá sumarse a dicha determinación y realizará las gestiones que para tal efecto resulten necesarias, siempre en el ánimo de contribuir a la salud y el bienestar de las personas.



El Pleno del INFO CDMX coincidió en que el acceso a la información y la protección de datos personales son derechos que nunca han quedado suspendidos ni congelados, con las medidas adoptadas se busca priorizar la salud y el derecho a la vida.



El Comisionado Presidente del Instituto, Julio César Bonilla Gutiérrez, resaltó que desde que se registró el primer caso de Covid-19 en el país ya han pasado más de cinco meses, y la Ciudad de México aún presenta brotes de gran importancia, que, si bien se han logrado controlar, continúa siendo la entidad con el mayor número de contagios a nivel nacional.



“Consideramos pertinente ampliar la suspensión de plazos y términos al viernes 2 de octubre del año en curso, debido a las condiciones actuales de salud pública en la Ciudad de México; recordemos que la semana pasada se anunció que continuaremos en semáforo naranja con alerta de regresar al color rojo en el semáforo epidemiológico, lo que se traduce en que aún no existen condiciones sanitarias para retomar las actividades presenciales como se había acordado el 29 de junio del presente año”, afirmó.



En su argumentación, Bonilla Gutiérrez refirió que, conforme a la Teoría de los Derechos Fundamentales, el derecho a la vida y a la salud de las personas tiene una ponderación mucho más clara frente al Derecho de Acceso a la Información Pública; destacando que el derecho de acceso a la información en ningún momento se ha descuidado y se protegerá en la mayor medida de lo posible.



A su vez, expresó que la densidad poblacional de la Ciudad de México es otro factor de riesgo que debe tomarse en cuenta, ya que, de acuerdo con el INEGI, hay 5 mil 967 personas por kilómetro cuadrado, por lo que su contexto económico, demográfico y social es diferente al de otras entidades federativas.



Enfatizó que esta decisión que hoy se toma con el Acuerdo, no es absoluta y se irá analizando conforme sea necesario: “Si hay una mejora en las condiciones vamos a regresar de manera ordenada y progresiva”, aclaró.



Al fundamentar su voto en contra del Acuerdo, la Comisionada Ciudadana Marina San Martín Rebolloso sostuvo que, en congruencia con el Plan Gradual hacia la Nueva Normalidad en la Ciudad de México que contempla estrategias para la reanudación paulatina de actividades, para el caso del Instituto consideraba posible reactivar la atención y tramitación de sus solicitudes y procedimientos que le corresponden sustanciar en el ámbito de su competencia, manteniendo las medidas necesarias para seguir protegiendo la salud de las personas, privilegiando el trabajo a distancia y el uso de herramientas electrónicas que ya se aplican en estos procesos.



Lo anterior, argumentó, dado que la labor sustantiva cuasi jurisdiccional que realiza el Instituto es esencial para la ciudadanía, pues como organismo autónomo tiene el mandato constitucional de garantizar dos derechos humanos: el acceso a la información y la protección de los datos personales, que son llave de otros, como la propia salud, misma que se potenciaría junto con otros derechos fundamentales, al permitir la consulta de información adicional a la que versa sobre Covid-19, dado la apertura progresiva de distintas actividades que ha venido ocurriendo y de otros procedimientos jurisdiccionales que se han activado.



San Martín señaló que no está en duda que la prioridad es la protección de la salud, pero que justamente contar con información oportuna y de calidad puede salvar vidas, y al salvaguardar la información personal, evitando intromisiones a la vida privada, se mantienen seguras a las personas.



Destacó que “la palabra clave es gradualidad; por eso, mi propuesta se centra en reanudar nuestros procedimientos –atender nuestras solicitudes y resolver nuestros medios de defensa”. Afirmó que el levantamiento de plazos permitiría el desahogo escalonado de los asuntos acumulados, favoreciendo la confianza ciudadana hacia los Sujetos Obligados tan necesaria en estos momentos.



Al argumentar su voto a favor, la Comisionada Elsa Bibiana Peralta aseguró que en el citado acuerdo se ponderó la salud y la vida de los servidores públicos de todos los sujetos obligados. Sus derechos, dijo, se deben valorar y ponderar por encima de cuestiones estructurales que tienen que ver con un procedimiento para permitir el acceso a información pública.



Tras asegurar que el derecho humano como tal es el de Derecho de Acceso a la Información, y no está suspendido, precisó que por igual se debe garantizar el acceso a información, lo cual así ocurre, pues siguen vigentes esquemas como los portales o el generar solicitudes, pero dijo que falta todavía la otra parte, que es el mecanismo que tiene que ver con la operación de los sujetos obligados.



“Ese mecanismo, esos procedimientos y esas unidades de transparencia, no están ahorita en condiciones de trabajar, dado que no han levantado sus procesos y sus actividades presenciales”, por ello, llamó a “tener la sensibilidad” para confiar en que de manera gradual los sujetos obligados vayan reactivando su actividad.



No estamos hablando –dijo-- de deficiencias tecnológicas o de carga de trabajo sino de un caso que tiene que ver con un tema excepcional: las personas no están en la oficina ni haciendo su actividad, no porque no quieran, sino porque fueron confinadas a sus casas por un tema de salud, de resguardo, que es por lo que continuarán en su casa hasta octubre, y eso se debe respetar para salvaguardar su salud, su vida y la de todas las personas cercanas a ellos.



Para argumentar su voto en contra, la Comisionada Ciudadana María del Carmen Nava Polina expresó que, si bien el INFO no ha dejado de laborar desde marzo y junto con los sujetos obligados se han solventado diversas actividades a distancia, es momento de que, a partir de las experiencias aprendidas en estos meses, se puedan implementar esquemas de trabajo a distancia que “nos permitan reanudar y no prorrogar la suspensión de plazos”.



Tras puntualizar que el cuidado de la salud de las personas es la prioridad, la Comisionada Ciudadana expuso algunas de las actividades que han trabajado desde las áreas que coordina: la campaña de “Apertura en Covid-19”; la construcción del “Decálogo de Apertura y Anticorrupción en Covid-19”; y la campaña de “Adopta un Compromiso”, entre otras.



Nava Polina subrayó que en su Ponencia ya tienen listas 78 propuestas de recursos para ser presentadas a consideración del Pleno; 142 están pendientes de recibir alegatos, de las cuales 46 son medios de impugnación turnados desde el 20 de marzo, además de que se han admitido tres recursos vinculados con el tema de Covid-19.



Agregó que, si bien el riesgo para la salud permanece no solo en la capital del país y México sino en todo el mundo, se han ido reactivando distintos organismos garantes y de los 33 que existen, 18 ya están activos, dos de los cuales tienen mayor incidencia de contagios (Estado de México y Guanajuato).



La Comisionada Ciudadana Nava Polina pidió no olvidar que detrás de los recursos de revisión o propuestas de resolución de denuncias y de cada expediente hay historias de personas y necesidad de información.



Al argumentar su postura a favor del Acuerdo, el Comisionado Ciudadano Arístides Rodrigo Guerrero García indicó que la suspensión de plazos no significa congelar el acceso a la información y dejar de contestar las solicitudes de información, ya que del mes de marzo a julio se han presentado alrededor de 38 mil solicitudes de información vía INFOMEX, de las cuales más de 16 mil han sido respondidas por los sujetos obligados a pesar de la pandemia.



Resaltó que muchos sujetos obligados siguen laborando de acuerdo con sus posibilidades y expuso que el Instituto sigue trabajando en lo que se refiere a sus actividades cuasi jurisdiccionales. “En mi Ponencia se ha seguido trabajando y ya tenemos resueltos 101 recursos de revisión, cuando se levanten los plazos habrá una sesión histórica de Pleno para resolver cerca de 400 recursos, enfatizó.



Guerrero García insistió en que el hecho de suspender plazos no significa "poner un sello de clausurado" en el INFO, sino que los sujetos obligados puedan responder de acuerdo con lo que la contingencia permite; la aprobación de este acuerdo es una medida para cuidar la salud, recalcó.



Respecto a las actividades relacionadas con la promoción y difusión del derecho de acceso a la información y de protección de datos personales, el Comisionado Ciudadano dijo que se siguen llevando a cabo diversas actividades a través de las tecnologías de la información y las plataformas digitales, con lo que se ha podido abarcar un mayor número de personas en diferentes partes del país, como fue el Seminario sobre Temas Selectos de Transparencia.



Se comprometió a seguir trabajando a distancia e incluso acudir al Instituto a fin de seguir avanzando en los temas que le atañen y para seguir garantizando la tutela de los derechos, al tiempo que invitó a los sujetos obligados a contestar la mayor cantidad de solicitudes de información posibles.



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ATENTA INVITACIÓN
A los medios de comunicación, reportero de la fuente, organizaciones de la sociedad civil y público en general:

El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (INFO) informa que este viernes 07 de agosto se llevará a cabo la:

Novena Sesión Extraordinaria del Pleno, en su modalidad virtual.

En la que las y los Comisionados Ciudadanos aprobaran diversos Acuerdos.

La Sesión está programa a las 10:00 horas.

La transmisión se podrá seguir en vivo a través del canal institucional de YouTube y de las diversas redes sociales.

Boletín: DCS/131/2020/ Publicado por: Dirección de Comunicación Social / Ciudad de México 04 de agosto 2020
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  • El Comisionado Presidente del INFO participó en el Seminario virtual Organismos Constitucionales Autónomos y su importancia en el desarrollo de la democracia mexicana, organizado por la organización México Justo.
  • Para fortalecer la transparencia, los organismos garantes deben interactuar de manera permanente con los tomadores de decisiones y crear alianzas estratégicas no solo con el poder, sino con la sociedad, aseguró.


El principal reto de las instituciones garantes del acceso a la información es demostrar el valor que tiene la transparencia, porque a través de ella se fortalece la legitimidad de cualquier Estado democrático, afirmó el Comisionado Presidente del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (INFO), Julio César Bonilla Gutiérrez.



Al participar en la segunda mesa “Organismos para la defensa y protección de la transparencia y rendición de cuentas”, organizado por México Justo, el Comisionado Presidente destacó que la transparencia constituye una herramienta esencial para el combate a la corrupción y mejorar la calidad de la democracia por medio de la rendición de cuentas, porque el costo de no tener transparencia es mucho más elevado que sí tenerla.



Bonilla Gutiérrez agregó que para los Estados constitucionales la transparencia representa un eje estratégico de la democracia y los organismos garantes permiten a la gente acceder y visibilizar las acciones del poder; “en pleno siglo XXI nadie puede escapar a la transparencia”, enfatizó.



Dijo que, para fortalecer la transparencia, los organismos garantes deben interactuar de manera permanente con los tomadores de decisiones y crear alianzas estratégicas no solo con el poder, sino con la sociedad, “es un ejercicio que se tiene que realizar de manera bidireccional, la lucha contra la corrupción y fortalecer la rendición de cuentas es de las instituciones del Estado y de la sociedad”.



El comisionado presidente del INFO aseveró que una condición de la democracia es tener ciudadanos informados capaces de decidir con mayor amplitud y libertad: entre más conocimiento se tenga de los asuntos del Estado, habrá mayor confianza y legitimidad.



Reconoció que no ha sido fácil el camino de la transparencia, pero el acceso a la información pública es un reto permanente, se han logrado avances en lo sustantivo que es la constitucionalización del derecho y de las herramientas en materia de combate a la corrupción, rendición de cuentas y transparencia.



Ahora el reto -aclaró- es penetrar en el ideario de la sociedad para que el paradigma del secretismo sea cosa del pasado y que cada vez más la gente participe en los asuntos públicos, de manera periódica, progresiva, y no solamente en las campañas o en la jornada electoral.



En su intervención, el Comisionado Presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Francisco Javier Acuña Llamas, aseguró que la autonomía de los organismos garantes no se dispensa por decreto, ni se obsequia por una declaración constitucional y, como el movimiento, se demuestra “andando”.



Acuña Llamas dijo que la autonomía de los organismos constitucionales no ha sido sencilla, pero ha sido una exigencia democrática, y la progresividad ha sido determinante para exigir respeto a las funciones de estos organismos.



En su mensaje de bienvenida, el presidente del Consejo Académico de México Justo, el ministro en retiro Genaro D. Góngora Pimentel dijo que el derecho a la información es un derecho humano que juega un papel central en toda sociedad democrática, es un instrumento para el escrutinio público y para la rendición de cuentas, lo que a su vez fomenta la participación de las personas en el espacio cívico.



Añadió que, para la rendición de cuentas, la información debe cumplir con una serie de atributos que van más allá del hecho de publicar documentos y datos existentes, es decir, la información debe ser de calidad, veraz, clara, oportuna, congruente, de fácil acceso, comprensiva, relevante y confiable.



Góngora Pimentel destacó que, como todo derecho humano, el Estado tiene la obligación de proteger, promover y garantizar el efectivo ejercicio del derecho a la información, por lo que consideró importante analizar la actuación de estos organismos garantes.



En su oportunidad, la consejera honorífica del Consejo Consultivo del INAI, Marcela Trujillo Zepeda, aseveró que en un momento histórico como el que estamos viviendo en México en el que la confrontación, la polarización y la descalificación sin argumentos pretenden volverse la normalidad en nuestras pautas de convivencia, se requiere de un proyecto nacional que supere las diferencias y encuentre las coincidencias para trabajar en un proyecto de Estado que efectivamente privilegie el objetivo de la transparencia, la rendición de cuentas y del combate efectivo de la corrupción.



Al hacer un recuento de la apatía ciudadana en los temas relacionados con la transparencia y el acceso a la información, así como la falta de credibilidad en los organismos garantes, destacó que se requiere de acciones concertadas, dirigidas y comprometidas con todas las instituciones públicas, autónomas o no, y judiciales para que el cometido de la trasparencia y la rendición de cuentas se logre y no solo se detecten actos de corrupción, sino que se sancionen de manera ejemplar a fin de erradicar la impunidad.



Al tomar la palabra, el catedrático del Instituto Nacional de Administración Pública A.C. y miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Roberto Ávalos Aguilar, dijo que alcanzar la máxima transparencia y arraigar la rendición de cuentas es un asunto de conciencia y de compromiso con los valores éticos y morales que han sido parte fundamental de nuestra historia.



El catedrático enfatizó en la necesidad de transitar a un nuevo modelo constitucional de rendición de cuentas, ya que sin transparencia y sin acceso a la información no hay democracia. “La transparencia es un requisito fundamental del ejercicio del poder; la sociedad tiene el derecho de elegir a sus gobernantes, de conocer su desempeño a través de la rendición de cuentas y de la exposición permanente al escrutinio público”.



Por su parte, el presidente de México Justo, Juan Carlos Pérez Góngora, destacó que con estos ejercicios de diálogo y debate se busca contribuir al fortalecimiento del Estado de derecho y conocer las áreas de oportunidad que existen en modificaciones a la legislación. Aseguró que se harán propuestas para enviarlas al Poder Legislativo para que sepan qué es necesario para mejorar el Estado de derecho en nuestro país.



Boletín: DCS/132/2020/ Publicado por: Dirección de Comunicación Social / Ciudad de México 04 de agosto 2020
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  • Debemos empezar a discutir, entre otras cosas, sobre qué tipo de portales necesitamos, así como qué tipo de comunicación requerimos para que la información llegue a las personas, señaló la Comisionada Ciudadana María del Carmen Nava Polina.
  • La quinta mesa tiene como objetivo facilitar la vida a las personas y que el derecho de acceso a la información esté completamente habilitado en estos momentos críticos.


“Debemos empezar a discutir, entre otras cosas, sobre qué tipo de portales necesitamos, así como qué tipo de comunicación requerimos para que la información llegue a las personas. El objetivo es facilitar la vida a las personas y que el derecho de acceso a la información esté completamente habilitado en estos momentos críticos”, refirió María del Carmen Nava Polina, Comisionada Ciudadana del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (INFO), durante la Quinta mesa de cocreación para la construcción colaborativa del Protocolo de prevención en apertura y transparencia ante emergencias.



La quinta sesión de este ejercicio colaborativo y plural contó con la participación de 24 personas que representan a 17 actores, de los cuales 9 (53%) pertenecen a la sociedad civil organizada y a la academia, y 8 (47%) son autoridades de diversas instituciones públicas. El objetivo de esta mesa fue centrar las acciones de apertura en el actuar de los sujetos obligados y órganos garantes locales de acceso a información en el momento posterior a la emergencia.



Las personas participantes coincidieron en que el compromiso de apertura no debe ser exclusivo del momento que sigue a la emergencia, sino un ejercicio permanente a fin de lograr la recuperación de la comunidad ante cualquier situación de emergencia.



Destacaron la importancia de la coordinación entre órganos garantes y sujetos obligados para que estos últimos tengan pautas claras de actuación y, en esa medida, puedan responder a las demandas de información de las personas.



Tras la intervención de las personas participantes, la Comisionada María del Carmen Nava agradeció sus aportaciones y destacó la necesidad de pensar en las diferentes estrategias para generar comunidad y buscar que las personas trascienden la dimensión individual y se asuman como parte de una colectividad, pues el sentimiento de comunidad es de suma importancia para actuar en los momentos posteriores a la emergencia.



Las y los participantes votaron por los siguientes puntos de acuerdo en esta quinta mesa:



1. En medio de una emergencia, hay que poner el foco en: a) ¿En qué se gasta y cómo? b) Implementar una estrategia de evaluación c) ¿Qué se evalúa y bajo qué parámetros? Y ante una situación como el confinamiento a)¿Cómo se capacita al personal para implementar las actividades en línea?



2. Generar un ABC para contar con una labor archivística ágil y correcta del trabajo que se realiza de forma remota. Documentar la información en formatos abiertos.



3. Crear un micrositio de datos abiertos que funcione inmediatamente y no esperar a tener que crearlo para su posterior activación. El uso de las plataformas de los órganos garantes durante y después de la situación de emergencia es esencial ya que se constituye como una fuente de información confiable.



4. Considerar auditorías en tiempo real a los recursos que se destinan a la reacción y respuesta de la situación de emergencia. Muchos órganos estatales no tienen atribuciones para auditar en tiempo real. Ese es un tema pendiente de legislar en los estados y que se debe contemplar en este Protocolo.



5. Contemplar la publicación de los trabajos de coordinación de los órganos garantes y los sujetos obligados sobre la situación de emergencia. Establecer cuáles son las actividades post emergencia que se van a implementar desde los órganos garantes para garantizar el derecho de acceso a la información.



6. Tener catálogos de información pública de interés primordial que defina la información que se debe publicar, cuáles son las obligaciones de transparencia que deben mantenerse actualizadas en situaciones de emergencias.



7. Contar con lineamientos de transparencia proactiva en los casos de suspensión de plazos y términos. Tener claros el tipo de exhortos que los órganos garantes van a realizar a los sujetos obligados en cuanto a detalle, claridad y fuerza. Los órganos garantes deberían tener un piso mínimo para evaluar los temas de interés de las personas para tener en claro qué es lo que demanda la ciudadanía.



8. Tener sistemas de datos personales que se activen en contextos de atención a la emergencia y recuperación, así como contar con criterios y lineamientos relativos a la diferencia entre datos personales e información pública.



9. Incluir la transparencia de recursos previstos para dar continuidad acciones de mitigación y recuperación de cara a una emergencia. Para entender cómo se ataca la pandemia hay que unir los datos de todas las instituciones encargadas que atender la emergencia.



10. Tomar en consideración procedimientos establecidos en instrumentos internacionales que mejoren la capacidad de respuesta ante una emergencia. Antes de dar por aprobado el protocolo, poner atención para que este responda de manera amplia a varios tipos de emergencia a fin de tener un protocolo eficiente que no nos haga tener que regresar a replantearse una y otra vez.



Es importante señalar que estas mesas se realizan con el apoyo de la Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GIZ México a través del Proyecto para el Fortalecimiento de las Organizaciones de la Sociedad Civil (PROFOSC) y en Coordinación con el equipo de Estado Abierto del INFO.



La quinta mesa estuvo integrada por: Ana Corso y Paulina Fuentes, Alcaldía Cuauhtémoc; Claudia Guzmán, Gabriela Godinez y Karina Salinas, COPARMEX; Esther Albarrán, Alcaldía Azcapotzalco; Gabriela Téllez Hernández, Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil; Juan Manuel Casanueva, Social TIC; Karla Margarita Méndez Estrada, CENAPRED; Lorena Sánchez Ortega, GIZ México; Mariana Cendejas, Iniciativa de Transparencia y Anticorrupción de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey (ITESM).



También estuvieron Marisol Calzada, El Colegio de Jalisco/Comité de Participación Ciudadana Sonora; Matilde Pérez, Fundar Centro de Análisis e Investigación; Mónica Tapia, Ruta Cívica A.C.; Naxhelli Ruiz, Instituto de Geografía de la UNAM; Patricia Ordóñez León y Ricardo León Caraveo, ITAIP Tabasco; Rafael Valenzuela, Comité de Participación Ciudadana Sonora; Raúl Cazares Urban, Comité de Participación Ciudadana Quintana Roo; Samaria Escalante, Secretaría de Salud; Tania Macedo, Alcaldía Benito Juárez y David Guzmán Corroviñas e Ignacio Pérez de León, Alcaldía Miguel Hidalgo.



Boletín: DCS/129/2020/ Publicado por: Dirección de Comunicación Social / Ciudad de México 16 de julio 2020
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  • No responder llamadas, correos electrónicos, mensajes de WhatsApp o por cualquier otro medio de comunicación fuera del horario de trabajo es un derecho laboral para todas las personas en la era digital.


En su participación en la mesa dos del Foro Internacional Los derechos digitales en la era de la inteligencia artificial, convocado por el Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IMAIP), el Comisionado Ciudadano del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (INFO) Arístides Rodrigo Guerrero García, habló sobre el derecho a la desconexión digital el cual aún no se encuentra regulado en nuestro país y tienen implicaciones psicológicas importantes a nivel mundial, también se refirió a las iniciativas legislativas en México sobre éste y el derecho al olvido.



Guerrero García explicó la importancia del derecho a la desconexión digital y cómo su garantía ayuda proteger a su vez, los derechos a la vida privada, familiar y al ocio de todas las personas trabajadoras, no responder llamadas, correos electrónicos, mensajes vía WhatsApp o por cualquier otro medio de comunicación fuera del horario laboral, resulta esencial para limitar los efectos de la tensión y ansiedad que se acentúan actualmente por hacer home office (trabajo desde casa).



Detalló que aunque el derecho a la desconexión digital aún no se encuentra regulado expresamente a nivel federal, resulta urgente hacerlo, ya que debido a la emergencia sanitaria por la Covid-19, los órganos garantes y muchos Sujetos Obligados han trabajado desde casa para evitar contagios y proteger la salud de las personas.



Refirió que la Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoce la existencia del síndrome del trabajador quemado (burnout), el cual se ha potencializado como un problema laboral en este periodo de aislamiento social.



“Muchas veces concluye el horario laboral y continúan las comunicaciones, prácticamente estamos pegados al teléfono a disposición de lo que sucede con las personas de nuestra oficina, no importa si es de madrugada, nos envían un trabajo y nosotros respondemos. Ese es un síndrome ya reconocido por las autoridades de salud”.



Explicó que en materia internacional, el derecho a la desconexión digital se relaciona directamente con el artículo 24 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la regulación del descanso y tiempo libre, pues establece una limitación razonable de la duración del tiempo de trabajo y de contar con vacaciones periódicas y pagadas; así como el artículo 12 de la misma Declaración y el 17 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos.



En cuanto a la legislación en la Ciudad de México, el derecho al descanso se encuentra regulado en su Constitución, en el artículo 13, apartado F, y señala el derecho al ocio, al tiempo y a la convivencia: “Toda persona tiene derecho a tener tiempo libre para la convivencia, el esparcimiento, el cuidado personal, el descanso, el disfrute del ocio y a una duración razonable de las horas de trabajo”, por lo que, la falta de la desconexión digital afecta el derecho al ocio y disfrute de tiempo libre que se encuentra reconocido en la Constitución local.



En relación con el derecho al olvido, Guerrero García hizo referencia a diversos casos a nivel mundial que ejemplifican cómo es que actualmente no existe un consenso definido respecto de su regulación, ya que –consideró- debe estudiarse tomando en consideración sus implicaciones con el ejercicio de la libertad de prensa, el acceso a la información pública y temas como la vida e imagen de las y los actores políticos, de las personas servidoras públicas, la supuesta comisión de actos de corrupción y como todo esto podría impactar en los procesos de elección democráticos.



Finalmente, se pronunció a favor de la protección de los datos personales de todas las personas, el acceso a la información, la libertad de prensa y los principios de un Estado democrático, así como por el ejercicio del derecho al olvido digital cuando las circunstancias así lo requieran. En la mesa número dos del Foro Internacional, también participaron María Antonieta Velásquez Chagoya, comisionada presidenta del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca; María de Lourdes Zamudio Salinas, catedrática de la Facultad de Derecho de la Universidad de Lima, Perú, y experta de la Red Iberoamericana de Protección de Datos; Olimpia Coral Melo Cruz, activista social representante del Frente Nacional para la Sororidad, y Juan Pablo Murga Fernández, profesor investigador de la Universidad de Sevilla, España.